El financiamiento de la universidad pública es un tema en permanente discusión. La cuestión es si la financiación debe quedar a cargo del presupuesto o si se introducen aranceles (precios) que aporten fondos, ya sea parcial o totalmente. Este trabajo se ocupa de la cuestión estrictamente financiera del problema y el objetivo es responder a la pregunta de en que medida la provisión de educación universitaria a precio subsidiado es un sistema de pago diferido. O sea: el Estado incurre en ciertos gastos para proveer la educación universitaria; luego, dado el diferencial de ingresos de los que obtuvieron esa educación y la alícuota impositiva, obtiene recursos fiscales. ¿Cual es el resultado neto?
Las cuantificaciones de este trabajo, desagregados por carreras, muestran que la imposición sobre el diferencial de ingresos recupera entre el 20% (considerando sólo los ingresos laborales) y el 50% (considerando los ingresos totales). El aumento de la tasa de graduación en un 20% permitiría recuperar un 10% adicional. Sería posible cubrir una parte importante del gasto total con un arancel de nivel similar a los más bajos de las escuelas secundarias privadas. En estos cálculos no se considera la externalidad de la educación universitaria.
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